Capital: San Salvador

Superficie: 21,040 km cuadrados

Límites: limita al norte y al este con Honduras, al sur con el océano Pacífico y al oeste con Guatemala. Sus límites marítimos se extienden hacia Nicaragua y Honduras. El país también posee nueve islas en el Golfo de Fonseca.

Población: 6.336.392 habitantes (Banco Mundial, 2022)

Información demográfica: El Salvador es el país más pequeño y densamente poblado de América Central, con una población aproximada de 6.5 millones de habitantes. Según el censo de 2007, solo el 0.2% de la población se identifica como indígena. Sin embargo, debido a la antigüedad de este estudio, diversas organizaciones estiman que la población indígena en El Salvador podría representar entre el 1.7% del total. Las comunidades indígenas presentes en el país son los lenca, cacaopera y pipil, que se concentran principalmente en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, La Paz y Morazán. Procesos como la colonización, el conflicto armado y la migración han contribuido a la invisibilización y amenaza de la población indígena salvadoreña.

Idioma: El español es el idioma oficial de El Salvador, y cuenta con algunos idiomas nativos, el principal es Nahua, lengua del pueblo pipiles.

Moneda: dólar estadounidense.

Religión: El Salvador, según su Constitución, garantiza la libertad de culto para todos los ciudadanos. Aunque el catolicismo es la religión más practicada.

Precolonial:

Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, el territorio de El Salvador, ubicado en el corazón de América Central, estaba habitado por diversas culturas indígenas, principalmente los pipiles, de origen nahua, junto con los lenca y los cacaopera. Los pipiles se asentaban en la región occidental del país y tenían una estructura social centralizada, con un sistema jerárquico en el que el poder se concentraba en los líderes de los cacicazgos. Los lenca, que habitaban el área oriental, también contaban con una organización política y social compleja, mientras que los cacaopera, ubicados en el noreste, eran conocidos por su cultura agrícola y artesanal.

Debido a su ubicación geográfica, El Salvador funcionó como un corredor cultural entre Mesoamérica y Suramérica. Factores como la migración, las guerras y el comercio entre las zonas norte y sur del continente favorecieron la expansión cultural y la adopción de costumbres, especialmente en áreas como la agricultura y la arquitectura.

Varios de los asentamientos en lo que hoy es El Salvador provienen de migraciones desde el occidente de Centroamérica, particularmente desde México y Guatemala, siguiendo la ruta costera del Pacífico. Esta hipótesis se apoya en la cerámica encontrada en Chalchuapa, cuyas características son muy similares a las de las regiones de Chiapas y Guatemala. Estas migraciones fueron impulsadas por la búsqueda de recursos alimenticios y tierras para la agricultura.

El avance político y social entre los años 900 a.C. y 500 a.C. se vio fortalecido con la aparición de la primera cultura olmeca en la costa del golfo de México, que estableció una red de interacción a larga distancia a través del comercio. Entre 500 a.C. y 200 a.C., surgieron las primeras ciudades documentadas en El Salvador, como Chalchuapa, uno de los sitios más grandes de Mesoamérica, estrechamente vinculado a la cultura maya. También destacaron Atalaya, Acajutla y Cara Sucia, ubicadas en el departamento de Ahuachapán.

Durante el período Clásico, que abarcó desde el 250 hasta el 950 d.C., El Salvador experimentó una interrupción significativa debido a la actividad volcánica del volcán Ilopango. Aproximadamente en el año 260 d.C., este volcán tuvo una erupción violenta que provocó una devastadora explosión, afectando diversas regiones del país. La erupción cubrió grandes áreas de terrenos agrícolas, contaminó fuentes de agua y destruyó varios asentamientos humanos.

Este evento catastrófico pudo haber sido un factor clave en la migración de las poblaciones locales hacia otras zonas. Es posible que algunos de los desplazados buscaran refugio en territorios dominados por los mayas, intentando escapar de las secuelas de la erupción.

El período Clásico se destacó por la formación de los primeros centros urbanos en El Salvador, donde el poder se concentraba en manos del gobernante, su familia y el sacerdocio. Estas ciudades eran el núcleo de la producción de bienes, y el gobierno teocrático consolidó el rol de los sacerdotes, quienes no solo dirigían el culto religioso, sino que también gestionaban la producción y distribución de recursos. La arquitectura de este período se caracterizaba por grandes estructuras ceremoniales y plazas que servían como centros de culto y de intercambio comercial.

La actividad volcánica del Ilopango, con su erupción alrededor del año 260 d.C., afectó gravemente el período Clásico. La explosión cubrió grandes extensiones de tierras agrícolas, dañando asentamientos humanos y fuentes de agua, lo que obligó a las poblaciones a migrar hacia otras regiones, posiblemente hacia áreas controladas por los mayas.

El Posclásico se distinguió por la llegada de migraciones toltecas, conocidas como los "Pipiles"; grupo de habla náhuatl y que ocupó gran parte del territorio salvadoreño. Ciudades como Cihuatlán y Santa María son ejemplos de asentamientos de esta época. La sociedad se estratificó en dos grupos principales: los Pipiltin, la nobleza, y los Macehualtin, el pueblo común. Este período también se caracterizó por la inestabilidad política en Mesoamérica, tras la caída de grandes centros de poder, lo que resultó en un aumento del militarismo. Las guerras rituales y las campañas de conquista se volvieron frecuentes, con el objetivo de controlar los centros urbanos más importantes.

Colonia

La llegada de los conquistadores españoles en 1524, liderados por Pedro de Alvarado, marcó el inicio de una transformación radical en la región. La conquista se caracterizó por el uso de la violencia y la explotación, imponiendo un sistema colonial que alteró profundamente la estructura de las sociedades indígenas. Con la colonización, surgieron los primeros asentamientos españoles, como Izalco y la Villa de San Salvador. Estos asentamientos estaban organizados de manera jerárquica: en el centro vivían los españoles y criollos, mientras que los ladinos ocupaban los alrededores y los indígenas se encontraban en las zonas periféricas. Además, se consolidó un modelo arquitectónico centralizado, con la construcción de edificios gubernamentales y administrativos alrededor de la plaza central, lo que dio origen a importantes centros coloniales del Reino de Guatemala, como San Salvador, San Miguel y Sonsonate.

Junto con la colonización, también llegaron judíos y árabes conversos al cristianismo, lo que diversificó aún más la población. Sin embargo, la región de Centroamérica se distinguió por la falta de cohesión política y social. Las dificultades en las comunicaciones, las escasas vías de transporte y las zonas montañosas y de difícil acceso contribuyeron a la autonomía y al regionalismo entre las provincias.

La explotación de los pueblos indígenas y los abusos relacionados con la tierra provocaron sublevaciones. En 1725, se registró un motín de indígenas en Izalco, quienes se oponían al pago de tributos. Las autoridades españolas respondieron pidiendo el destierro y el exterminio de los indígenas sublevados.

En el aspecto económico, la región dependía principalmente de la agricultura, pero también del comercio exterior, especialmente con España y otras colonias. La economía sufrió un duro golpe debido a la escasez de moneda provocada por la consolidación de las deudas de la Iglesia. En medio de la guerra entre España e Inglaterra, la corona española decretó que todas las deudas debían ser pagadas, lo que generó una disminución drástica de la moneda circulante. Ante esta situación, se recurrió nuevamente a formas de intercambio más rudimentarias, como el trueque, para mantener las transacciones comerciales locales. 

Este período estuvo marcado por la inestabilidad y la tensión entre los distintos sectores de la sociedad, con una estructura económica precaria y un sistema de explotación que consolidó las desigualdades sociales y étnicas en la región. Los españoles introdujeron el sistema de encomiendas, que otorgaba tierras y mano de obra indígena a los colonizadores a cambio de la supuesta protección y evangelización de las comunidades.

La economía colonial en El Salvador se centró inicialmente en la producción de añil, un tinte azul que se exportaba a Europa y que resultó ser muy lucrativo. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la producción de café comenzó a ganar importancia, sentando las bases para una economía basada en el cultivo de este producto. Las tierras indígenas fueron confiscadas y redistribuidas entre los colonizadores, lo que resultó en una profunda desposesión y explotación de las comunidades nativas. La estructura social se dividió entre una élite compuesta por españoles y criollos y una masa subordinada de indígenas y mestizos. La administración colonial se encargaba de controlar y regular todos los aspectos de la vida local, desde la economía hasta la cultura y la religión.

Independencia

El Salvador, como parte del virreinato de la Nueva España, proclamó su independencia el 15 de septiembre de 1821, junto con otras provincias centroamericanas. La independencia marcó el fin del dominio español, pero no trajo estabilidad inmediata. A principios del siglo XIX, las políticas económicas y fiscales impuestas por las autoridades coloniales españolas restringieron significativamente el desarrollo de las élites criollas en Centroamérica. El aumento de tributos y la acumulación de deudas estatales, necesarias para financiar los conflictos europeos de la Corona, generaron un creciente descontento entre los criollos. Este malestar fue un factor clave que alimentó el sentimiento independentista en diversos sectores de la sociedad centroamericana.

La invasión napoleónica de España en 1808 debilitó el control real sobre las colonias, lo que facilitó el surgimiento de movimientos de independencia tanto en México como en Centroamérica. Entre 1808 y 1814, se llevaron a cabo varios levantamientos en la Intendencia de San Salvador, destacando el Primer Grito de Independencia el 5 de noviembre de 1811, liderado por figuras como José Matías Delgado. Aunque algunos de estos levantamientos fueron sofocados con fuerza, como el ocurrido en Metapán en diciembre de 1811 y el fallido intento de 1814 en San Salvador, estos eventos consolidaron el deseo de libertad y autonomía en la región.

En 1821, influenciados por la Revolución de Riego en España, que restableció la Constitución de Cádiz, los líderes centroamericanos proclamaron su independencia el 15 de septiembre. Inicialmente, algunas provincias consideraron unirse al Imperio Mexicano bajo el Plan de Iguala de Iturbide, pero tras la caída de este imperio en 1823, las provincias decidieron formar las Provincias Unidas de Centroamérica. Este nuevo estado enfrentó desafíos económicos debido a la escasez de moneda, resultado de la consolidación de las deudas de la Iglesia y la guerra con Inglaterra, lo que obligó a recurrir al trueque. Además, la estructura social basada en grandes extensiones de tierra y la dominancia de las oligarquías criollas generaron conflictos persistentes que moldearon el desarrollo político y económico de la región.

Inicialmente, El Salvador se unió al Imperio Mexicano bajo Agustín de Iturbide, pero la caída de su imperio en 1823 llevó a la formación de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, que incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esta federación, sin embargo, se enfrentó a serios problemas de cohesión y rivalidades internas, lo que llevó a su disolución en 1839. En ese contexto, El Salvador se constituyó como una república independiente, enfrentando desafíos significativos en términos de estabilidad política y consolidación de su identidad nacional. Los primeros años de independencia estuvieron marcados por luchas entre liberales y conservadores, que competían por definir el futuro político y económico del país. Los liberales promovieron reformas para modernizar el país, mientras que los conservadores defendían la continuidad de las estructuras sociales y políticas existentes.

Posindependencia

Durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, El Salvador experimentó una transformación económica significativa con la expansión del cultivo de café, que se convirtió en el principal producto de exportación. Esta expansión dio lugar a una nueva élite económica vinculada al cultivo y la exportación de café, que consolidó su poder político y social en el país. La concentración de tierras en manos de esta élite redujo considerablemente la cantidad de tierras disponibles para los campesinos y las comunidades indígenas, exacerbando las desigualdades sociales.

Las tensiones sociales aumentaron debido a la creciente brecha entre ricos y pobres, y la explotación laboral en las plantaciones de café. Los conflictos políticos también se intensificaron, con una serie de golpes de Estado y gobiernos autoritarios que alternaban en el poder. La estabilidad política se vio comprometida por las luchas internas y las intervenciones extranjeras. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el país vivió periodos de represión y violencia, que afectaron a las comunidades más desfavorecidas, incluida la población indígena, que se encontraba en una situación de creciente marginación.

Guerra Civil (1980-1992) 

El siglo XX estuvo marcado por profundos conflictos sociales y políticos en El Salvador. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos y las profundas desigualdades sociales llevaron a la Guerra Civil salvadoreña, que estalló en 1980 y duró hasta 1992. Este conflicto enfrentó al gobierno militar con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un movimiento guerrillero de izquierda que buscaba una reforma social y económica radical.

El conflicto involucró a diversos grupos armados que luchaban por el control del territorio mediante la fuerza, afectando principalmente a la población civil, que se vio forzada a desplazarse. La insatisfacción de la sociedad, especialmente tras la derrota de movimientos sociales como el Partido Demócrata Cristiano, condujo a una insurrección armada en la que la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos se hicieron predominantes. Con alrededor de 75.000 muertos y desaparecidos, las negociaciones de paz se volvieron una necesidad urgente para poner fin al conflicto.

Es importante destacar que el fenómeno migratorio en la década de 1980 estuvo estrechamente vinculado a la inestabilidad política y la violencia generada por la guerra civil. Miles de personas se vieron obligadas a desplazarse tanto dentro como fuera del país, buscando refugio. Este contexto también favoreció la formación de pandillas en el sur de Estados Unidos, influenciadas por la discriminación racial que enfrentaban los migrantes, especialmente los salvadoreños. Tras la firma de los acuerdos de paz, la política de deportaciones trajo de vuelta a muchos pandilleros con antecedentes criminales, lo que contribuyó a la propagación de la cultura de pandillas en El Salvador.

Las negociaciones de paz comenzaron en 1984 bajo el mandato del presidente José Napoleón Duarte, pero fue en 1990, con el acompañamiento de Naciones Unidas, cuando se firmaron los primeros acuerdos. Estas negociaciones sentaron las bases para el Acuerdo de Paz definitivo de 1992, que abordaba temas clave como la reducción de las Fuerzas Armadas, la creación de la Policía Nacional Civil, y reformas en los sistemas electoral y judicial. Estos acuerdos no solo buscaban poner fin al conflicto armado, sino también cimentar una paz duradera basada en la participación política y el respeto a los derechos humanos, con la verificación internacional de su cumplimiento.

Sin embargo, a pesar de estos avances, los problemas estructurales persistieron. La violencia de pandillas, que comenzó a intensificarse en los años 80 y 90 debido a factores como la deportación de salvadoreños desde Estados Unidos y el aumento de la criminalidad organizada, se convirtió en un grave problema de seguridad. Los gobiernos posteriores intentaron abordar estos desafíos mediante políticas de seguridad y reformas económicas, pero la pobreza, la desigualdad y la corrupción continuaron siendo obstáculos importantes para el desarrollo del país.

Actualidad

En la actualidad, El Salvador enfrenta una serie de desafíos complejos que afectan su estabilidad y desarrollo. La administración del presidente Nayib Bukele, quien asumió el cargo en 2019, ha implementado medidas controversiales para combatir la violencia, incluyendo un régimen de excepción que ha sido ampliamente criticado por su impacto en los derechos humanos y la democracia. Bukele también ha promovido reformas innovadoras en áreas como la tecnología y las finanzas, destacándose por ser el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, en un intento por modernizar la economía y atraer inversión.

Desde su llegada al poder, Bukele rompió con más de 30 años de bipartidismo en El Salvador, aprovechando el descontento de la población con el manejo de problemas cruciales como la inseguridad y las desigualdades por parte de los partidos tradicionales, el Frente Farabundo Martí y la Alianza Nacional Republicana. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado críticas; se le acusa de manipular la información pública, restringir el espacio cívico y militarizar la seguridad, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias y encarcelamiento masivo, afectando principalmente a los sectores más empobrecidos.

Este enfoque ha resultado en una creciente instrumentalización del sistema penal y la implementación de prácticas torturadoras en las cárceles, lo que ha generado violaciones graves del debido proceso, muertes bajo custodia estatal y un deterioro en las condiciones de los internos. Sin una corrección urgente de estas políticas, el país podría enfrentar una nueva ola de abusos y víctimas por parte del Estado.

A pesar de los persistentes desafíos de violencia de pandillas y los altos niveles de pobreza y desigualdad, El Salvador ha experimentado cambios significativos bajo la presidencia de Nayib Bukele. En las elecciones legislativas de 2021, Bukele consolidó su popularidad y estableció una nueva tercera vía en la política salvadoreña, rompiendo con los esquemas tradicionales. Actualmente, Bukele ejerce un control creciente sobre el Estado y mantiene un sólido respaldo popular. Su gestión ha logrado enfrentar la pandemia con cierto éxito y ha puesto a El Salvador en el mapa de las economías digitales globales, mientras que los índices de homicidios han alcanzado los niveles más bajos desde que se tienen registros.

Sistema político:  

El Salvador es una república democrática representativa con un sistema presidencialista. Su presidente actual es Nayib Bukele, quien asumió el cargo el 1 de junio de 2019 y fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones de 2024. Bukele pertenece al partido Nuevas Ideas, que ha consolidado una fuerte presencia en la política salvadoreña desde su ascenso al poder. El vicepresidente en la administración de Bukele es Félix Ulloa, quien ha ocupado el cargo desde el inicio del mandato presidencial en 2019. 

En el panorama político de 2024, además de Nuevas Ideas, siguen activos otros partidos políticos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ambos con una larga trayectoria en la política de El Salvador. 

Estructura del Estado El poder en El Salvador se divide de la siguiente manera:

Poder legislativo: está constituido por un congreso unicameral, siendo la Asamblea Legislativa el órgano encargado de representar el poder legislativo. Actualmente, la Asamblea está compuesta por 84 diputados, los cuales son escogidos por votación popular para un período de tres años, con posibilidad de reelección. La Asamblea tiene su base en la Constitución de la República, y sus funciones están detalladas en el Reglamento Interior del órgano. Entre sus principales responsabilidades se incluyen la creación, modificación y derogación de leyes, la aprobación del presupuesto estatal, la ratificación de tratados internacionales, la elección de altos funcionarios del gobierno, y la facultad de declarar guerra o firmar acuerdos de paz. 

Poder ejecutivo: el poder ejecutivo está encabezado por el presidente y el vicepresidente la República, junto con los ministros y viceministros. El mandato presidencial es de cinco años, y el presidente también actúa como comandante general de las Fuerzas Armadas. Las Secretarías de Estado, dirigidas por los ministros, son responsables de distintos sectores administrativos, mientras que la Policía Nacional Civil, independiente de las Fuerzas Armadas, se encarga de mantener el orden y la seguridad pública. Además, los miembros del Consejo Municipal y las alcaldías tienen un mandato de tres años.

Los ministerios pertenecientes al poder ejecutivo son:

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
• Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)
• Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)
• Ministerio de Salud (MINSAL)
• Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)
• Ministerio de Turismo (MITUR)
• Ministerio de Vivienda (MIVI)
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
• Ministerio de Cultura (MICULTURA)
• Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL)
• Ministerio de Economía (MINEC)
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT)
• Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT)
• Ministerio de Hacienda (MH)
• Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)
• Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 

Poder judicial: El poder judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y otros tribunales establecidos por la ley. Este poder se rige por la Constitución y la Ley Orgánica Judicial, y es responsable de administrar justicia en diversas áreas legales. La Corte Suprema está conformada por 15 Magistrados, y cuenta con una Sala de lo Constitucional encargada de resolver asuntos de inconstitucionalidad y otros temas relacionados con los derechos fundamentales. Además de estos tres poderes, El Salvador tiene el Ministerio Público, que incluye al fiscal general, el Procurador General y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.

Organización territorial

El país está dividido administrativamente en 14 departamentos: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión; estos tienen en total 262 municipios, cada uno gobernado por un alcalde, un síndico y regidores elegidos por períodos de tres años.

El Salvador, según la clasificación de países por nivel de ingreso del Banco Mundial correspondiente a 2024-25, presenta un ingreso mediano alto¹ y se ubica en el puesto 102 en el mundo por volumen de PIB. Los sectores más relevantes que aportan a la economía salvadoreña incluyen las industrias manufactureras, el comercio y la reparación de vehículos automotores y motocicletas, así como el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En contraste, la industria extractiva, como las minas y canteras, es la que menos contribuye al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Según registros del Banco Mundial, El Salvador ha experimentado un crecimiento económico moderado en las últimas décadas, con un promedio anual del 2,5 % entre 2013 y 2019. A pesar del crecimiento limitado, el país ha logrado reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad. 

Aunque El Salvador mostró un crecimiento moderado en los últimos siete años hasta 2019, la pandemia de COVID-19 afectó negativamente dicho crecimiento. A pesar de las medidas nacionales e internacionales, como las respuestas fiscales para mitigar los efectos en los hogares y las empresas, se observó una caída significativa, con una contracción del PIB del -7,9 % en 2020. No obstante, en 2021, la economía salvadoreña se recuperó con un crecimiento del 11,2 %, y en los años siguientes se registró un crecimiento moderado en comparación con 2021, alcanzando un 2,6 % en 2022 y un 2,7 % en 2023. 

En cuanto a las tasas de pobreza para los niveles de ingreso mediano alto (USD 6,85) y mediano bajo (USD 3,65), ajustadas por la paridad de poder adquisitivo de 2017, alcanzaron el 27,5 % y 8,6 %, respectivamente, en 2022. A pesar de los sectores clave que impulsan la economía salvadoreña, el lento crecimiento económico no ha permitido una mejora significativa en la calidad de vida de gran parte de la población. 

Según la CEPAL (2022), el costo de la canasta básica de alimentos, que incluye productos esenciales como pan, frijoles, carne, huevos y frutas, ha aumentado cerca de un 30 % en los últimos tres años, mientras que el salario mínimo solo ha crecido un 20 %. Como resultado, casi el 30 % de los salvadoreños vive en condiciones de pobreza extrema, y uno de cada diez está en situación de pobreza extrema. 

Es importante señalar que el panorama de la pobreza en El Salvador es mixto. Mientras que la pobreza moderada ha permanecido relativamente estable, incluso ligeramente por debajo de los niveles previos a la pandemia, a pesar de su aumento en 2019, la pobreza extrema registró un incremento en 2022, situándose 4,1 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada en 2019. 

Otro desafío que El Salvador continúa enfrentando es el desempleo. Este aumentó de 151.350 trabajadores en 2022 a 161.400 en 2023, lo que representa un aumento del 6,64 %. A pesar de los esfuerzos por revitalizar la economía, el desempleo sigue siendo una preocupación significativa. Factores como la baja creación de empleo y la alta informalidad en el mercado laboral, que representa cerca del 70 %, contribuyen a este problema. 

Además, la deuda pública ha alcanzado niveles históricos durante casi cinco años del gobierno actual. La deuda total superó los $30,000 millones y ha mostrado un incremento constante desde el inicio del mandato de Nayib Bukele en 2019. Actualmente, la deuda representa alrededor del 80 % del PIB del país. Esta situación se ha visto agravada por la incapacidad de vender bonos en el extranjero y la dificultad para atraer grandes inversiones. Asimismo, el país ha tenido que recurrir a préstamos de organismos nacionales e internacionales, lo que ha reducido su capacidad de consumo. Aunque en 2023 se observó una ligera caída en la deuda, se prevé que la situación no mejore significativamente en 2024. 

En cuanto a la balanza comercial, El Salvador experimentó una ligera mejora en su déficit comercial, que se situó en 8.462,3 millones de euros, equivalente al 26,9 % de su PIB. Aunque esta cifra es inferior al déficit de 9.489,9 millones de euros registrado en 2022 (que representaba el 30,78 % del PIB), sigue siendo significativa en comparación con los estándares internacionales. Este descenso en el déficit se debe a una disminución tanto en las importaciones como en las exportaciones. A pesar de esta mejora, El Salvador avanzó solo ligeramente en el ranking global, subiendo del puesto 165 en 2022 al 157 en 2023. 

Esta posición sigue siendo elevada en términos de déficit cuando se compara con otros países. Comparado con 2013, cuando el déficit era de 3.976,3 millones de euros y representaba el 24,01 % del PIB, el déficit actual ha aumentado, reflejando un desafío persistente en la balanza comercial del país. 

En paralelo, para el periodo 2022-2023, El Salvador registró un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 7,2, situándose entre los países con un desarrollo humano medio. En el ranking global, el país ocupó el puesto 127 de 193 naciones, descendiendo ligeramente desde el puesto 125 alcanzado en 2021. Este leve retroceso en el índice refleja desafíos persistentes en áreas clave del desarrollo humano. 

El gobierno de El Salvador enfrenta varios retos económicos que podrían abordarse con políticas fiscales sostenibles y una gobernanza sólida. Lo anterior es esencial para reducir las vulnerabilidades y promover un desarrollo económico más estable y dinámico. Cabe destacar que El Salvador posee un potencial significativo para un crecimiento económico si se enfoca en priorizar inversiones en capital humano, solventar la deuda pública, mejorar las condiciones de empleo ante el alto porcentaje de informalidad y potenciar tanto la inversión pública como privada.

Política internacional del país  

La política exterior de El Salvador, conforme al Artículo 89, inciso 1 de su Constitución, está orientada hacia la integración con las repúblicas americanas, con especial énfasis en las naciones del istmo centroamericano. El Salvador busca fomentar la cooperación humana, económica, social y cultural a través de tratados y convenios que pueden incluir la creación de organismos supranacionales. 

De acuerdo con los tratados internacionales, El Salvador otorga a estos acuerdos una relevancia legal significativa, según el Artículo 144 de la Constitución. Una vez ratificados, los tratados constituyen leyes de la República y no pueden ser modificados o derogados por leyes ordinarias. En caso de conflicto entre un tratado y la legislación interna, el tratado prevalece. No obstante, el Artículo 145 establece que no podrán ratificarse aquellos tratados que contravengan las disposiciones constitucionales, a menos que se realicen reservas específicas sobre las disposiciones en conflicto. 

La conservación de su soberanía ha sido una de las mayores preocupaciones del país. A lo largo de la historia, El Salvador ha sufrido intervenciones extranjeras, por lo que, en 1850, la Asamblea Nacional Legislativa de El Salvador decretó que "considera como uno de los principios esenciales de su política la exclusión directa o indirecta de cualquiera otra potencia extranjera en sus negocios domésticos y relaciones externas". El Salvador ha defendido su soberanía y ha reafirmado su compromiso con el principio de no intervención en asuntos internos, tal como lo decretó la Asamblea Nacional Legislativa en 1850. 

Entre 2009 y 2019, El Salvador fue gobernado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un partido de izquierda que, durante sus dos mandatos consecutivos, se distanció de los Estados Unidos al priorizar relaciones con naciones aliadas al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Este alineamiento con países como Venezuela y Nicaragua, cuyas posturas ideológicas contrastaban con las de Washington, afectó las relaciones bilaterales, limitando la cooperación en áreas estratégicas como seguridad y desarrollo económico. Con la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019, quien desde su campaña abogó por una mayor cercanía con Estados Unidos, estas relaciones comenzaron a reactivarse. 

Bajo la administración del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha priorizado la mejora de relaciones con los Estados Unidos, destacando la importancia de este país como un socio económico clave. Esta estrategia se ha reflejado en el aumento de la colaboración en temas de seguridad, como el combate contra el narcotráfico y las pandillas, especialmente la MS-13, que afecta tanto a El Salvador como a los Estados Unidos. Además, visitas como la del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en 2019, marcaron un punto positivo en estas relaciones, subrayando la cooperación en la lucha contra problemas comunes que impactan a ambos países.

Ámbito multilateral:

El Salvador es miembro de más de 123 organismos regionales e internacionales, entre los que destacan la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP). Además, participa en la Comisión de Autoridades Migratorias de los países miembros del SICA (OCAM), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA), y otros organismos de las Naciones Unidas. 

Es relevante destacar su presencia en organismos financieros internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Consejo de Ministros de Cultura del SICA, el Consejo de Ministros de la Integración Económica y Desarrollo Regional (COMRIEDRE), la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), y el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto Mesoamérica), entre otros. 

El Salvador también cuenta con una amplia red de socios para el desarrollo, que incluyen 18 gobiernos y 123 organizaciones internacionales de diversos países. Entre sus socios destacan el gobierno de Alemania, el gobierno de Argentina, el gobierno de Brasil, el gobierno de Canadá, el gobierno de Chile, el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, el gobierno de Italia, el gobierno de Japón, el gobierno de Marruecos, el Gobierno de México, el Gobierno de Perú, el Gobierno de la República de Corea, el gobierno de la República Popular China, el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Turquía, y la Unión Europea. Esta colaboración internacional contribuye al desarrollo económico y social del país. 

En el sector privado, El Salvador ha establecido importantes alianzas con organizaciones clave, entre las que se encuentran: la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), que impulsa el desarrollo industrial del país; la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, encargada de fomentar la cooperación empresarial y el comercio; la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), que contribuye al crecimiento del sector de la construcción; y la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), que apoya la promoción y expansión de las exportaciones salvadoreñas.

Ámbito bilateral

En total, El Salvador cuenta con 53 embajadas, 40 consulados y 3 misiones permanentes, sumando 96 representaciones diplomáticas en todo el mundo. Estas incluyen tres embajadas en América del Norte, ocho en Centroamérica y el Caribe, nueve en Suramérica, 13 en Europa y siete en Asia y Oceanía. Además, El Salvador tiene más de 21 consulados en Estados Unidos, cuatro en Canadá, ocho en México, dos en Honduras, dos en España, uno en Italia y uno en Australia. Las misiones permanentes se encuentran en la OEA, la ONU y la UNESCO. 

El Salvador ha establecido varios Tratados de Libre Comercio (TLC) que han fortalecido su posición en el comercio internacional. Entre estos, destaca el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR), que facilita el acceso preferencial de productos salvadoreños a uno de los mercados más grandes del mundo. Además, El Salvador tiene acuerdos con México, Colombia, Panamá y Taiwán, y mantiene acuerdos comerciales más limitados con Cuba y Ecuador. 

El país también forma parte de un proceso de unión aduanera con Guatemala y Honduras, en el marco del Triángulo Norte. La unión aduanera del Triángulo Norte facilita el comercio intrarregional al eliminar aranceles adicionales para productos importados y armonizar procedimientos aduaneros, con el fin de promover un mercado más integrado y eficiente, reduciendo costos y tiempos de tránsito para las mercancías, y fomentando el crecimiento económico y la competitividad en la región. 

Estos acuerdos aduaneros y comerciales han sido relevantes para mejorar el acceso de los productos salvadoreños a los mercados internacionales, beneficiando principalmente a los sectores de manufacturas, alimentos y bebidas. 

El principal aliado de El Salvador es Estados Unidos, con quien mantiene una relación bilateral significativa desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos en 1863. Esta relación se ha fortalecido a lo largo del tiempo, especialmente después de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador. Ambos países comparten un firme compromiso con la democracia, el Estado de derecho y el desarrollo económico, respaldado por una comunidad de más de dos millones de salvadoreños que residen en Estados Unidos y que contribuyen a consolidar estos lazos. 

En términos de cooperación política y seguridad, Estados Unidos ha jugado un papel crucial en los esfuerzos de El Salvador para combatir la migración irregular y las amenazas de organizaciones criminales transnacionales y pandillas. El Salvador, a su vez, se ha convertido en un socio estratégico en estas áreas, contribuyendo a la seguridad regional y a los esfuerzos para fortalecer la estabilidad. No obstante, la persistente delincuencia y la impunidad siguen siendo desafíos significativos que afectan el progreso y la legitimidad de las instituciones salvadoreñas. 

Las relaciones de El Salvador con los países de Centroamérica son cercanas debido a su participación en organismos regionales que fomentan la integración y la cooperación. En este contexto, El Salvador se ha destacado como un impulsor clave de la integración centroamericana. En 2018, el país se unió oficialmente a la unión aduanera establecida entre Guatemala y Honduras, en el marco del Proceso de Integración Profunda, para crear un área de libre tránsito para personas y mercancías entre los tres países del Triángulo Norte. Además, El Salvador forma parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que promueven el diálogo político y la colaboración en temas de desarrollo y seguridad. A través de estos organismos, se facilita la coordinación de políticas y la implementación de proyectos conjuntos, fortaleciendo los lazos económicos y promoviendo procesos de cohesión en la región. 

La relación entre El Salvador y la Unión Europea es significativa y ha evolucionado positivamente a lo largo de los años, respaldada por iniciativas como el Diálogo de San José, establecido en 1984. Asimismo, la Unión Europea ha apoyado activamente los procesos de paz y la restauración de la democracia en la región, y El Salvador ha sido un socio proactivo en las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica. Este acuerdo, que entrará en vigor plenamente en mayo de 2024 tras la ratificación final por parte del Consejo de la UE, incluye compromisos en los ámbitos político, comercial y de cooperación. A través de este acuerdo, se espera que más del 56 % de los productos europeos que ingresan a El Salvador tengan acceso libre de aranceles, mientras que el resto contará con aranceles preferenciales. 

La relación de El Salvador con Asia y Oceanía se caracteriza por un enfoque en la diversificación de sus socios comerciales y la búsqueda de oportunidades de inversión y cooperación. El país mantiene vínculos diplomáticos y económicos con naciones clave de ambas regiones, como Taiwán, con quien ha desarrollado una relación sólida en áreas como comercio, inversión y cooperación técnica. Además, El Salvador ha buscado fortalecer sus lazos con otras economías asiáticas y de Oceanía a través de acuerdos bilaterales y participación en foros internacionales. Esta estrategia busca ampliar sus mercados de exportación y atraer inversiones que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país.

Colombia- El Salvador

Las relaciones diplomáticas de Colombia y El Salvador, establecidas desde 1825, se han desarrollado mediante el trabajo conjunto en áreas como seguridad, comercio y cooperación sur-sur. La inversión directa ha sido clave en esta relación bilateral, ya que Colombia se ha consolidado como uno de los inversores más importantes en El Salvador, especialmente en los sectores financiero, textil, de infraestructura y hotelería. 

Las relaciones bilaterales entre los dos países se caracterizan por una colaboración activa en temas económicos y de seguridad. En ciento a lo comercial, el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo Norte ha impulsado el comercio y la inversión entre ambos países, con una reciente ampliación en el sector farmacéutico. Recientemente, en 2023, se logró exportar carne bovina a Centroamérica a través del trabajo del INVIMA y la Embajada de Colombia en El Salvador, lo que permitió que las empresas colombianas de productos cárnicos accedieran al mercado salvadoreño. 

En el ámbito de seguridad, ambos países cooperan en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional. Además, Colombia ofrece a El Salvador un portafolio de productos y servicios militares, navales y aeronáuticos para apoyar sus necesidades de defensa y seguridad. 

En el marco de los 199 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y las naciones de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), el Gobierno de Colombia celebró, el 12 de marzo de 2024, los lazos históricos y de cooperación que se han tejido desde que la República Federal Centroamericana estableció relaciones con Colombia. Este aniversario subraya el compromiso de Colombia de fortalecer su agenda bilateral con El Salvador, abordando desafíos comunes como las dinámicas migratorias, la defensa de los derechos humanos, la protección ambiental y un enfoque renovado hacia el problema mundial de las drogas. 

Además, El Salvador ha desempeñado un papel significativo en la inversión en Colombia, especialmente en los sectores de infraestructura hotelera y comercial. Empresas salvadoreñas, como el Grupo Roble y el Grupo Poma, han realizado importantes inversiones en centros comerciales y hoteles, impulsando el crecimiento del sector minorista en Colombia. Esto refleja el compromiso de ambos países por continuar fortaleciendo sus lazos diplomáticos, económicos y comerciales, de cara al bicentenario de sus relaciones en 2025. 

Entre los últimos encuentros diplomáticos significativos para fortalecer su relación bilateral se encuentran:

• III Reunión del Mecanismo de Consultas y Coordinación Bilateral (23 de noviembre de 2023, Bogotá, Colombia): Se realizó con el propósito de examinar los puntos clave de la agenda bilateral y tratar cuestiones de interés común.
• Ceremonia protocolaria (11 de julio de 2023, Bogotá, Colombia): Se celebró con el objetivo de presentar las cartas credenciales del nuevo embajador de El Salvador en Colombia, Germán Banacek Álvarez Oviedo.
• Visita del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa (5-7 de agosto de 2022, Bogotá, Colombia): durante esta visita, el vicepresidente participó en la posesión del presidente Gustavo Petro. También se suscribió un Memorando de Entendimiento de Cooperación con la ESAP y se llevó a cabo una reunión bilateral con la vicepresidenta Francia Márquez.
• Reunión bilateral de cancilleres en el marco de la XXIII Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (26 de octubre de 2022, Buenos Aires, Argentina): en esta reunión se suscribió un Memorando de Entendimiento entre las academias diplomáticas de ambos países. 

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, asistió en representación del Gobierno de Colombia a la ceremonia de investidura del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente Félix Ulloa de El Salvador, quienes ostentarán sus cargos en el período 2024-2029. Durante su visita, el canciller sostuvo una reunión bilateral con su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco y se reunió con empresarios colombianos para explorar oportunidades comerciales y de inversión en sectores como agroalimentos y metalmecánica. Además, Murillo se reunió con Andrés Guzmán, comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión de El Salvador.

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

En el documento de las Naciones Unidas, de acuerdo con el Sustainable Development Report, El Salvador tiene una calificación general de 67.9 sobre 100 en el avance y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto significa que el país ha logrado más de la mitad del progreso necesario para cumplir con los ODS, pero aún enfrenta importantes desafíos que requieren trabajo continuo para evitar retrocesos. Con esta puntuación, El Salvador ocupa el puesto 89 de 166 países, una posición significativa considerando los retos económicos y de seguridad que enfrenta el país. 

Desde el inicio del proceso para cumplir con los ODS, El Salvador estableció una Hoja de Ruta que incluye la apropiación de estos objetivos en el sector gubernamental. El país ha priorizado nueve objetivos clave:

• Fin de la pobreza (ODS 1)
• Hambre cero (ODS 2)
• Salud y bienestar (ODS 3)
• Educación de calidad (ODS 4)
• Igualdad de género (ODS 5)
• Agua limpia y saneamiento (ODS 6)
• Acción por el clima (ODS 13)
• Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16)
• Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) 

Para asegurar una implementación efectiva de la Agenda 2030, El Salvador está promoviendo un enfoque inclusivo que involucra al sector privado y a la sociedad civil. El gobierno ha iniciado un proceso de diálogo con estos actores para fortalecer su participación en la Agenda, buscando construir soluciones conjuntas e innovadoras a los desafíos del desarrollo sostenible. Este compromiso se refleja en la colaboración con el Sistema de Naciones Unidas y en la participación del país en iniciativas de monitoreo y aceleración de los ODS.

Finalmente, de acuerdo con el reporte de cumplimiento de los ODS, para el año 2021, algunos objetivos enfrentan desafíos significativos en su cumplimiento. Los ODS 2 (fin del hambre), 3 (salud y bienestar), 9 (industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las desigualdades), 14 (vida submarina) y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) han mostrado signos de decrecimiento o mayores dificultades en su implementación. Esto resalta la necesidad de intensificar los esfuerzos y estrategias para superar las barreras que impiden el avance en su cumplimiento, con miras a garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo para todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

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