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Diálogos que construyen paz

Diálogos que construyen paz

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, articulan la participación de entidades nacionales responsables de la justicia y la contribución de la cooperación internacional a través de los programas del Fondo de Justicia Transicional en un esfuerzo por aportar a la paz y reconciliación.

Bogotá, Marzo 11 de 2015.  A febrero del 2015 el número de víctimas registradas en Colombia, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas de la Violencia, ascendía a 7.201.034.  Desplazamiento forzado, amenazas, delito contra la integridad sexual, secuestro, tortura, mutilación por minas antipersonales, actos terroristas, son algunos de los flagelos que han tenido que soportar las víctimas de la violencia producto del conflicto. 

La inoperancia y abandono que se sentía de parte de algunas instituciones, el desconocimiento de los derechos de las víctimas, junto con la estigmatización, el temor a hablar y la desconfianza eran otros factores que padecían las víctimas por lo cual era necesario emprender una gran cruzada para reparar el daño y sumar esfuerzos en la búsqueda de la construcción de la paz.

Con el fin de devolver los derechos a las víctimas, hacer justicia, reparar el daño y crear un ambiente propicio para la paz, el Gobierno colombiano con el apoyo de otros países y organismos internacionales, mediante el concurso de APC-Colombia y PNUD, viene trabajando en una estrategia de armonización y coordinación de la cooperación internacional a través del Fondo de Justicia Transicional y sus Programas de Promoción de la Convivencia y Fortalecimiento a la Justicia en Colombia.  

La estrategia está orientada a brindar apoyo político, técnico y financiero a iniciativas que favorezcan las capacidades  nacionales y territoriales para el fortalecimiento institucional, el reconocimiento de los derechos de las víctimas para devolverles las garantías del ejercicio ciudadano, construir memoria histórica sobre los hechos ocurridos para asegurar  la no repetición y la creación de un clima propicio para la convivencia con la población desmovilizada.

Junto con PNUD, APC-Colombia, ha liderado el funcionamiento de las distintas instancias de diálogo y decisión, tanto de nivel técnico como directivo con las que cuenta el FJT, facilitando la articulación entre las entidades nacionales, y la alineación de los cooperantes con las prioridades del país en torno a la justicia transicional.      

En el FJT participan además de APC-Colombia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General y la  Unidad de Restitución de Tierras. Por parte de la cooperación internacional contribuyen PNUD como coordinador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo(ASDI), la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, la Unión Europea, los gobiernos de Suiza, Noruega, Bélgica, Holanda, Canadá y el PNUD como coordinador. 

Desde su creación y hasta la fecha, se han destinado alrededor de 40 millones de dólares en acciones dirigidas a robustecer las capacidades para la gobernabilidad democrática y la convivencia pacífica, poner en marcha estrategias de desarrollo económico y social con mira a la reintegración comunitaria, así como el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las instituciones del Sistema de Justicia y del Ministerio Público, así como la consolidación de mecanismos de acceso de las víctimas de justicia entre otros. 

El Fondo de Justicia Transicional ha favorecido la articulación de diferentes organizaciones de víctimas con el propósito de empoderarlas y hacerlas protagonistas del proceso de cambio e incidencia en la política pública. 

La asesoría, capacitación y la generación de escenarios de diálogo son fundamentales en el proceso de reconocimiento de las víctimas y reconciliación. De acuerdo con Adil Meléndez de la Corporación Restaurar: “una víctima que en su mayoría es campesina con los niveles educativos, que no nos los mejores, requiere una orientación especial que le ayude a identificar cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos, ante quien ejercerlos y las instituciones responsables”. ¹

Por otra parte, con el apoyo a sedes regionales de la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en los departamentos de Bolívar y Meta se logró el registro y la caracterización de 2.927 víctimas, de las cuales 1.659 fueron asesoradas y atendidas en procesos para el acceso a la reparación individual vía administrativa, 407 en  recuperación de tierras y 808 en Justicia y Paz.

Adicionalmente, la implementación del Modelo Interinstitucional de Atención a Víctimas (MIAV) en los departamentos de Antioquia y Cesar permitió que fuera brindada atención y asesoría a 23.622 víctimas de las cuales 20.899 fueron asesoradas en los procesos de reparación y contaron con orientación psicojurídica, 1.774 tuvieron atención psicosocial en los momentos críticos de su participación en etapas procesales y un total de 949 fueron remitidas y referenciadas a la oferta institucional regional para garantizar el acceso a sus derechos.

Otro de los logros del FJT ha sido la formulación de las demandas de restitución de tierras para tres resguardos indígenas ubicados en el departamento del Chocó, logrando que una sentencia ordenara la restitución de 50 mil hectáreas a las 33 comunidades indígenas. 

Es importante destacar que 27.716 víctimas tuvieron acceso a servicios de representación judicial en ocho departamentos del país en desarrollo de diligencias procesales y un total de 247 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado han recibido acompañamiento psicosocial.  Por otra parte, la estrategia de apoyo a la Ley 975 de justicia y paz, ha beneficiado a 63.381 víctimas.

El FJT ha implementado estrategias de desarrollo  económico y social  en las comunidades, y ha trabajado en procesos de transformación de imaginarios de la población desmovilizada con los habitantes promoviendo una cultura de convivencia y reconciliación a través de iniciativas culturales, educativas y de comunicación. En este marco funciona el programa ANIMARTE del cual hacen parte 1450 niños.

Finalmente, gracias a FJT un total de 843 funcionarios públicos (en su mayoría personeros/as y procuradores regionales) fueron capacitados en materia de medidas de atención, asistencia y reparación integral a víctimas; y más de 650 periodistas de medios nacionales, regionales, locales y comunitarios se formaron en temas relacionados con justicia transicional, reintegración, memoria histórica y derechos de las víctimas

María Lan, víctima de los hechos violentos ocurridos en el municipio de San Onofre - Sucre y actualmente miembro de la Corporación Restaurar, considera que con el Programa de Promoción de la Convivencia del FTJ “se puede llegar de verdad a la reconstrucción de un tejido social”.  

“Con el Programa ha sido posible que todas las organizaciones independientemente de su visión política, se pongan de acuerdo y trabajen en una política de incidencia de derechos...yo creo que ha sido el principal logro”, concluye Meléndez.¹Diálogos que construyen paz

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Clip Montes de María MPG Bajo